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Defensoría del Pueblo contabiliza 177 conflictos sociales a junio de este año

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Hay cuatro nuevos conflictos. Solo 36 soluciones se han dado desde que se inició el 2017. Los pedidos van desde reconstrucción de colegio, limpieza de pasivos ambientales hasta aumento de sueldos a profesores.

En seis meses, unos 36 conflictos sociales han sido resueltos, refiere la Defensoría del Pueblo. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inició el 2017 con unas 213 pugnas entre ciudadanos disconformes y autoridades. De este total, hoy se registran 177 puntos rojos en nuestro país, de los cuales 123 se encuentran en estado activo y 54 en estado latente, según el último reporte de dicha institución encargada de canalizar el diálogo entre peruanos y el gobierno.

La cifra y el patrón de los conflictos sociales no han variado mucho si comparamos con el 2016; pues, a noviembre del 2015 la misma entidad defensorial contabilizó 215 conflictos sociales. Este año se inició con al menos 148 conflictos actuales de carácter socioambiental, es decir el 69.5% está directamente vinculado con la actividad minera y aún están en camino por resolverse.

Los nuevos casos están en la región Áncash. Aquí los habitantes del centro poblado Huarupampa, ubicado en el distrito de Huaraz (Huaraz) denunciaron la contaminación ambiental por parte de la empresa Consorcio Minero y Operaciones Conexas. En Cusco hay una huelga de docentes que está por cumplir un mes el 15 de julio. En Moquegua, los ciudadanos acusaron a la minera Aruntaya de contaminación del río Coralaque y en Piuralos alumnos del I.E Virgen de Fátima no pueden asistir a clases adecuadamente debido a la pésima infraestructura de su centro educativo.

La distribución territorial de los conflictos reportados están en Áncash en donde hay unos 25 de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO). Le sigue la región Apurímac con 19 casos y Cusco con 16 casos. Hasta el momento, el 72,9% de los problemas por resolver se hallan en el ámbito socioambiental. De estos, el sector minero registra el mayor número: 64,3%. Por otro lado, se rastrean 87 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 10,3% corresponde a conflictos sociales.

Entre las personas perjudicadas por enfrentamientos, en junio se registraron seis heridos, entre ellos se registran cinco civiles y un policía y en el caso de Tumán(Lambayeque) hubo un civil herido.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a canalizar sus demandas y posiciones por la vía del diálogo”, sostiene la entidad.

La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades sobre quienes repercuten la responsabilidad de gestión y solución de las incomodidades de los ciudadanos para que actúen prioritariamente en la atención de los cuatro casos nuevos. Entre estos están los más de 2 mil niños contaminados con plomo en la sangre en el distrito de Simón Bolívar (Pasco) y en Hualgayoc (Cajamarca), jurisdicción en donde hay un paro minero, así como en veinte situaciones que pueden derivar en nuevos conflictos si no son monitoreadas y atendidas a tiempo.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Uno de los principales conflictos a los que se enfrentó este gobierno fue el de Apurímac, que en octubre del año pasado dejó como saldo la muerte del peruano Quintino Cerceda Huilca. Los ciudadanos no se oponen al proyecto minero de la empresa MMG, sino reclaman por el impacto y la polvareda que genera el traslado abierto del mineral, con 250 camiones diarios y que por ende desata enfermedades respiratorias y otras adversidades contra la salud. En este caso, ya se ha establecido el diálogo con la participación del primer vicepresidente, Martín Vizcarra.

Otro conflicto que sigue latente es del impacto generado con el reiterado derrame de petróleo en Loreto, en perjuicio de los pueblos indígenas. A mediados de diciembre, el gobierno logró la instalación de la Mesa de Diálogo Político Intercultural de Saramurillo (Loreto), para la atención de las demandas que van desde la construcción de hospitales y colegios, falta de medicinas, carreteras y profesores.

Todavía existen dudas sobre el inicio o no del proyecto minero Tía María en Arequipa, debido a la oposición abierta de los pobladores del valle del Tambo. Mientras, el escenario de los conflictos en el país, mantienen una actitud inmóvil desde la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad como observamos.